Fitch Ratings redujo la perspectiva crediticia para Chile de estable a negativa, tanto para la deuda a largo plazo en moneda extranjera como para la denominada en moneda local, mientras que mantuvo la calificación de la primera en ‘A+’ y de la segunda en ‘AA-’, y advirtió que una prolongada desaceleración económica está llevando a un rápido deterioro del balance.
En la opinión de Fitch, la respuesta en materia política ha ayudado a amortiguar la economía y preservar la credibilidad, pero no ha evitado un aumento sustancial de la carga de la deuda pública desde los bajos niveles que ayudaron a la obtención del rating ‘A+’ en 2011.
Fitch prevé que la economía se expandirá 1,6% este año y 1,9% en 2017, frente a 2,3% de 2015, conforme el precio del cobre, el principal producto de exportación del país, se mantiene alrededor de un 42% por debajo de los máximos alcanzados en 2011. El apetito de inversión también se ve reprimido por indicadores de menor confianza.
La producción minera ha decaído con la bajada de los precios de los minerales y las huelgas. Las actividades no mineras también se han visto reducidas, reflejando también la debilidad de los socios comerciales regionales. Se espera que en el próximo año la mejora de las condiciones exteriores y de la confianza hagan que se incremente moderadamente la inversión.
La desaceleración chilena parece cada vez más estructural en su naturaleza. Los compromisos de gastos aumentarán el déficit fiscal a 3,3% del producto interior bruto el próximo año, desde 3% en 2016 y 2,2% en 2015, aun cuando entra en efecto un aumento de los impuestos. El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, tendrá mucha presión para controlar el déficit, advirtió Fitch.
La agenda de reformas del gobierno chileno tiene como objetivo solucionar los cuellos de botella que se generan en términos de capital humano y recursos sociales, pero los empresarios han reaccionado de forma negativa debido a las implicaciones negativas que en el corto plazo tienen para su rentabilidad (debido a mayores impuestos y nuevas leyes laborales), que han eclipsado los posibles beneficios a largo plazo. El progreso en la agenda de la energía y la realización de micro-reformas sería de ayuda, pero su impacto sigue siendo incierto.
La posición fiscal se ha deteriorado gradualmente contra el débil escenario económico. Las regalías e impuestos obtenidos con la producción del cobre se estiman que serán cercanas a 0% en 2016, frente al 2% del PIB en 2011, e incluso podrían ser negativas para aquellas empresas privadas de minería debido las provisiones de devolución de pérdidas del código tributario. El impulso de los ingresos fiscales procedente de la reforma tributaria de 2014 ha contrarrestado este impacto, pero la intención es que su uso sea principalmente para financiar un mayor gasto en educación y salud. Fitch proyecta que el déficit del gobierno central se ampliará al 3% del PIB en 2016 y al 3,3% en 2017, desde un 2,2% en 2015.